La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido ha aprobado solo 4 de 35 solicitudes de registro de empresas de criptomonedas en el último año, lo que ha generado preocupación en la industria.
Según CryptoUK, una asociación que agrupa a empresas cripto, el proceso es demasiado complejo y costoso, disuadiendo a muchas compañías de continuar con sus solicitudes. En total, 15 empresas retiraron sus aplicaciones antes de recibir una respuesta, lo que refleja la dificultad de cumplir con los altos estándares regulatorios.
La FCA justifica su riguroso enfoque como una medida para combatir el fraude y el lavado de dinero, exigiendo una gran cantidad de documentación y recursos por parte de las empresas. Sin embargo, críticos como Natalia Latka, directora de una firma de análisis blockchain, señalan que el problema no es solo la estricta regulación, sino también la falta de apoyo y colaboración entre la FCA y las empresas. Muchas solicitudes son rechazadas completamente por detalles menores, lo que aumenta la frustración en la industria.
El largo tiempo de espera para el procesamiento de las solicitudes, que en promedio toma más de 450 días, ha sido otro punto de crítica. A pesar de que la FCA ha reducido recientemente estos tiempos, la percepción de una regulación lenta y poco flexible ha llevado a varias empresas a considerar trasladarse a países con enfoques más abiertos, como los Emiratos Árabes Unidos, donde la industria cripto está en pleno auge.
Ali Khan, del Instituto de Directores del Reino Unido, afirma que la cultura regulatoria británica está frenando el desarrollo del sector. Mientras que otras regiones avanzan rápidamente en la implementación de marcos regulatorios para criptoactivos, el Reino Unido corre el riesgo de quedarse atrás.
A pesar de esto, la FCA defiende sus políticas, afirmando que su enfoque está alineado con los estándares internacionales y es clave para mantener la integridad del sistema financiero. Sin embargo, la industria sigue esperando un mayor diálogo y colaboración para lograr un equilibrio entre la protección del consumidor y el crecimiento de este sector emergente.